Es el proyecto bandera del Régimen en materia de preservación ambiental. Pero, a pesar de que ya lleva cinco años en el poder, todavía no se clarifica si el Yasuní-ITT será viable o se acudirá al Plan B para extraer el petróleo de la selva amazónica.
La Iniciativa ilusionó a muchos, especialmente a los ecuatorianos que piensan que la opción verde es el camino para un país diverso, rico en reservas naturales y donde el cuidado de selvas, páramos y manglares es prioridad. A este atractivo cautivante se suma la imperante cuestión social. En una geografía diversa, donde las culturas ancestrales tienen valor fundamental: mantener en el estado más puro posible a los habitantes de la zona se ha vuelto una prioridad.
Pero es una realidad que, pese a los esfuerzos y al alto gasto invertido en publicidad, múltiples viajes, participación en foros y comisiones, la recaudación internacional para evitar la explotación de petróleo en la zona no ha sido suficiente, más bien es magra.
Distintas comisiones, delegados de alto nivel, embajadores, ministros y expertos ambientales no han logrado sino algunas pocas promesas y ni siquiera juntar unos cuantos millones de dólares que, desde luego, son mucho menos que la meta que se propuso el Gobierno inicialmente.
Por eso es que, pese a los ofrecimientos, el 98% de estos no se termina de concretar y la propuesta política parece un fracaso, más allá de la ilusión que contagió a millones de ecuatorianos y a una recaudación que supuso una campaña de propaganda tan motivadora como insuficiente.
Cuando la fecha fijada por el Gobierno ha llegado es hora de ser pragmáticos, evitar la demagogia y ser sinceros con el país, que requiere recursos para los grandes proyectos nacionales disminuyendo el peso de la deuda.