30 de septiembre de 2016 00:00

Carta del Presidente de la Corte Provincial de Justicia

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Marco Rodríguez Ruiz,
Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha

En relación a las opiniones vertidas por el columnista Antonio Rodríguez Vicéns en el diario El Comercio, de fecha 27 de septiembre de 2016, en la sección Opinión, en el artículo que se titula “El Consejo de la Judicatura” puntualizo los siguientes aspectos:

En primer término, soy enfático en señalar que los jueces y juezas, al haber sido designados por primera vez en la historia de nuestro país, mediante el sistema de la meritocracia, que prevé transparencia, control social e independencia, no debemos nada a nadie; y, en tal virtud, nuestras resoluciones no dependen de “instructivos” del Consejo de la Judicatura, surgidos de la imaginación del referido columnista, sino únicamente de la aplicación estricta de la Ley, la Constitución y los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador.

En efecto, tanto el Consejo de la Judicatura, como los jueces y juezas de todo el país, estamos totalmente claros y conscientes de nuestras funciones; y, en este sentido, lo que existe entre los ámbitos administrativo y jurisdiccional es una relación de respeto y de trabajo arduo y permanente, cada uno en su andarivel correspondiente, pero no de “sometimiento”, como de manera desfasada y pueril sugiere el columnista Rodríguez Vicéns, seguramente ansiando el Ecuador de antaño, en el que imperaba la designación de jueces como cuota de poder política.

En este orden de ideas, si el columnista Rodríguez Vicéns conoce acerca de algún “grave daño causado por la injerencia inconstitucional, arbitraria y abusiva del Consejo de la Judicatura”, o si en alguna sentencia existe una “violación constante e impune de la Constitución y las leyes”, está en la plena libertad de presentar la denuncia respectiva, con la individualización del caso, del juez y la sentencia; pero de ninguna manera tiene el derecho de hacer extensivo el cuestionamiento y ultrajar la inteligencia de todos los jueces y juezas del país, pero aún con un análisis tan básico y arcaico como el que expone en su artículo.

Bajo los lineamientos anotados, el nuevo gobierno que se avecina deberá brindar todo el apoyo necesario tanto a los jueces, como al Consejo de la Judicatura, para que se profundice esta reforma integral del sistema de justicia del país emprendida hace pocos años atrás, en la que se trabaja denodadamente para que no hayan los “viejos vicios” del pasado en la administración de justicia que tanto añora que vuelvan el columnista Rodríguez Vicéns.

De esta manera, reclamo un espacio en el Diario EL COMERCIO a fin de que se publique la información proporcionada en este oficio, amparado en norma constitucional, como Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con la firme pretensión de defender a los Jueces y Juezas de la provincia de Pichincha, y observa cuando no se manejan informaciones objetivas en los medios de comunicación, como ocurre, precisamente, en el caso mencionado.

Por lo antes expuesto y con base en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Comunicación (última reforma 18 de diciembre de 2015) solicito la aplicación del derecho a la réplica que establece “Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido.

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación”.  

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