Evidentemente, la inseguridad es el gran problema de nuestro país. La semana pasada EL COMERCIO registraba una fotografía en la que aparecía el señor Presidente del Tribunal Constitucional, recibiendo las ovaciones de sus colegas por su “legítima reelección”, encontrándose por alguna dolencia en una silla de ruedas. Me llamó la atención que el pequeño vehículo era empujado solícitamente por un policía, que por su uniforme y distinciones debía ser un oficial de alto rango y no un ‘cabo suelto’. La formación de un oficial le cuesta al Estado, y por lo tanto a cada uno de quienes pagamos impuestos, importantes cantidades de dinero con la finalidad de que esta inversión se revierta en beneficio de la sociedad. Esta revolución ciudadana, que está modificando leyes y reglamentos del cuerpo policial, debería ser consecuente y relevar de estas actividades poco trascendentes a los oficiales de la Policía para que cumplan su misión de protección a la ciudadanía y el combate a la delincuencia.