Cuando el general Alberto Enríquez Gallo, presidente del Ecuador, creó oficialmente lo que hoy conocemos como Policía Nacional; esta procuró actuar de acuerdo con las leyes ecuatorianas. Quienes la dirigieron y la conformaron fueron relativamente respetuosos de nuestra normativa y, en términos generales, de los derechos humanos aunque siempre hubo excesos.
Sin embargo, en lo sucedido los pasados días miércoles y jueves en Quito, cuando la Asamblea Nacional debía aprobar lo indicado por el Presidente, la Policía se dedicó a servir al Gobierno, tomando partido claramente con los gobernantes y actuando contra la gran mayoría del pueblo.
Primero, la delincuencia estuvo libre de cualquier vigilancia y control. Segundo, el caos en el tránsito fue indescriptible y por último la feroz y violenta actitud, desproporcionada del uso de la fuerza contra la población indefensa, definió claramente que ya no podemos confiar en que la Policía sea nuestra protectora ni nada parecido.
No tenían por qué agredir a periodistas, asambleístas de la oposición, pueblo en general con sables desde caballos, utilizar canes , abusar en el uso de gases lacrimógenos, golpear sin misericordia al pueblo indefenso. Eso va contra toda normativa de DD.HH. Ahora solo les falta, si ya no lo tienen, un carné de Alianza País para completar su obediencia.
Qué lamentable lo ocurrido. La justicia y la historia juzgarán a estos malos servidores públicos. Mientras tanto, a cuidarnos no solo de la delincuencia y también de la Policía. Qué pena me da ver en lo que un Gobierno hizo y transformó a la que fuera una noble y honorable institución. Y somos millones quienes así pensamos.