Respecto a la necesidad de la ciudad de contar con obras imprescindibles para su desarrollo, es preciso señalar que nuestro país dispone de una abundante normativa ambiental que supone el cumplimiento de una serie de requisitos para controlar todo proyecto o actividad que pueda causar un impacto negativo, que incluye un severo marco sancionatorio y la obligatoriedad de resarcir los daños causados en caso de producirse.
Sin embargo de ello, no es extraña la conflictividad social ante proyectos de distinta naturaleza que alarman a los habitantes, cuando se supone que todo está normado y regulado para prevenir, mitigar y rehabilitar los posibles efectos negativos que puedan ocasionarse.
Entre las posibles causas, que se interrelacionan entre sí, se pueden citar: errada política oficial de impulso a esos proyectos, trámites excesivos, confusos y complejos, engaño e incumplimiento de los proponentes de los proyectos, y sobre todo posiciones extremas de ciertos actores sociales, población desinformada y manipulada y una evidente permisividad de las autoridades.
Es lo que ha venido afectando a varios proyectos impulsados por el Municipio de Quito que por esas causas se han visto dificultados e incluso impedidos, sin que haya tenido la capacidad para resolverlos.
Conscientes que el incremento del deterioro ambiental es cada vez más intenso, se vuelve imperioso un mayor esfuerzo y compromiso ambiental en nuestras acciones y la de todos los actores sociales, por lo que la actitud asumida por San Miguel del Común para aceptar en sus predios la construcción de escombreras, que otros incomprensiblemente rechazan, es destacable.
Demuestra sensibilidad y madurez de sus dirigentes que adecuadamente informados y sin caer en la manipulación de ciertos actores sociales extremos, ven en ese proyecto una gran posibilidad de mejoramiento de su calidad de vida, en contraposición con quienes alarmarían y buscarían oponerse presagiando los peores males.