19 de diciembre de 2015 00:00

Sobre una carta de la Secom

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Raúl A. González Tobar

Agradezco al Sr. Patricio Barriga Jaramillo, secretario nacional de Comunicación, haberse dignado enviar una carta al Diario EL COMERCIO con respecto a un simple comentario en referencia a la probable cancelación de la frecuencia de Radio Democracia AM, en la que indica que irregularmente se ha renovado esa frecuencia automáticamente.

Qué bueno sería que se renovara automáticamente, pues imagínese usted, Sr.(a) lector, luego de la inversión que se requiere, para levantar y mantener un negocio como una radiodifusora, habiendo depositado su capital, si este tipo de negocio no se renueva automáticamente, cómo puede seguir adelante, qué seguridad se ofrece a quienes invierten, a quienes confían en el país. Tomemos en cuenta que se ha renovado por ya 30 años, con los actuales propietarios y alrededor de 100 años de existencia (La Voz de la Democracia). Acaso el poder no se debe a sus mandantes. Se debe agradecer las críticas en vez de acallarlas, no le sirven al país y a la verdadera democracia que el periodismo y los ciudadanos se conviertan en repetidores de alabanzas, reverencias y halagos.
No tengo ninguna relación con quienes forman Democracia AM, solo mi admiración como radioescucha por su excelente trabajo. De ahí que desearía que se den soluciones para que negocios como este prosperen, continúen siendo -como son- del agrado de la gran mayoría de la población. El espectro radioeléctrico será para todos los ecuatorianos pero aquellos que ya tienen frecuencias (especialmente radiodifusoras) deben tener prioridad en su concesión. Debemos ayudar a que una empresa se mantenga, a que esos empleos se mantengan y no destruir empresas. Es quizás hora de facilitar y no de obstruir. Si aún podemos opinar, el silencio impuesto o no a una radiodifusora es algo que no se puede callar.  
Nota:
Publicamos esta carta, de la misma forma como lo hicimos con otra remitida por el Secretario Nacional de Comunicación, pese a que la réplica no cabe en los espacios de opinión, según establece la Ley Orgánica de Comunicación. Así damos por zanjada la polémica entre un órgano de poder y un lector.

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