22 de septiembre de 2017 00:00

Mejor solo una pregunta

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Francisco Rosales Ramos

La necesidad de una urgente consulta popular que permita un accionar autónomo y efectivo del gobierno de Moreno, junto a la implacable y efectiva lucha contra los bochornosos y múltiples actos de corrupción cometidos por altos funcionarios del gobierno anterior, son, hoy por hoy, los temas más urgentes que debe afrontar el país.

La consulta popular o referendo debe incluir la integración del Consejo de Participación Ciudadana y la terminación inmediata de los períodos de las autoridades designadas por ese organismo, la eliminación de la reelección presidencial indefinida, y la composición y designación de nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional.
Y para no caer en los vericuetos y amarres de la Asamblea Legislativa y de la CC, habrá que someter a aprobación de los ciudadanos los textos específicos de las normas constitucionales que se reformarían.

El Ecuador no puede seguir siendo regulado por una Constitución Castro-Chavista que con la intervención de “expertos” españoles se aprobó entre gallos y medianoche en Montecristi. A tal punto llegó la manipulación de la voluntad ciudadana, que varios asambleístas constituyentes denunciaron la adulteración de los textos constitucionales aprobados en la Asamblea y la adición arbitraria, sin discusión ni aprobación, del llamado Régimen de Transición, que creó un sistema que hizo posible la consolidación del gobierno autoritario y corrupto de los 10 años. Como en otros casos, el Fiscal General de la época desestimó las denuncias que nunca fueron tramitadas.

Estas gravísimas irregularidades quitan toda legitimidad a la Constitución de Montecristi, de manera que, si de veras se quisiera liberar al Ecuador de la versión criolla del Socialismo del Siglo XXI, lo mejor sería una sola pregunta por la cual se derogue la actual Carta Política y la legislación nacida de ella y se la sustituya con la Constitución de 1998. Luego de esta inmediata reforma, en un proceso ordenado y estricto, una Asamblea Constitucional -no de plenos poderes – que redacte y apruebe una nueva Constitución que recoja la actual realidad ecuatoriana.

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