Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.
Cuando una persona ha incurrido en alguna falta, es de justicia aplicarle la sanción que le corresponda según la magnitud del delito o infracción cometidos.
El Estado cuenta con la acción coactiva que le faculta a exigir, por ejemplo, el pago de valores adeudados al fisco, sean estos de la naturaleza que sean. Algunas empresas estatales proceden a cobrar a usuarios morosos por facturas impagas de telefonía, internet, agua, etc., valiéndose del recurso mencionado y, para obtener resultados inmediatos, bloquean cuentas corrientes o de ahorro, prohíben enajenar bienes, impiden que los deudores salgan del país, sin perjuicio de acciones complementarias que puedan derivarse de la acción coactiva (insolvencia, pérdida de derechos ciudadanos, incautación de bienes muebles o inmuebles, etc.) Todo lo anterior, así se trate de montos insignificantes que, en algunos casos, no superan los treinta dólares. Habrá mucha gente que demuestre que se ha cometido errores pero, hasta que pruebe su inocencia, ya han tomado todas las acciones preventivas que protegen los intereses estatales.
En contraste, llama la atención que, ante la avalancha de denuncias fundamentadas de millonarios perjuicios al Estado, y el caso más reciente es el causado a Petroecuador por un ex ministro y sus adláteres, según la declaración del Fiscal General de la Nación, no se pudo tomar medidas cautelares contra esas personas porque había que respetar el debido proceso. Todos los pícaros están a buen recaudo, sus grandes fortunas mal habidas, con seguridad estarán en paraísos fiscales inaccesibles. ¿A eso se puede llamar justicia? ¿Se está dando a cada uno lo que le corresponde o pertenece? ¡Claro que no! No en vano se afirma que el que tiene padrino, se bautiza, y el que no, se queda moro.