La forma más efectiva para que el Gobierno se entere de sus aciertos o desaciertos, de cualquier irregularidad o abuso cometido por funcionario alguno, es mediante la libertad de expresión, por esta razón se debe incentivar la denuncia pública, lógicamente, debe ser respetuosa y documentada, para así impedir que este derecho sea aprovechado por el chantajista, por el extorsionador.
El impedir la denuncia mediante acciones de amedrentamiento físicas o legales es un verdadero crimen, pues se atenta en contra del derecho más sagrado del ser humano, que es la libertad para decir la verdad, para expresar su opinión, delineando caminos a seguir para la administración del país en pro de la sociedad. La opinión ajena, por ingenua que sea, debe ser respetada y tomada en cuenta para beneficio de todos. Si no se apoya la denuncia se está extendiendo la mano a la corrupción.
Es menester recapacitar al respecto y analizar lo que está sucediendo en países muy importantes de nuestro continente, donde la corrupción ha triunfado, justamente porque los gobiernos de turno no dieron importancia a las denuncias y reclamos hechos por la sociedad en general en cada país, y al momento están haciendo frente a problemas gravísimos, tanto en el campo político como en el de la seguridad interna, debido al crimen organizado.