27 de May de 2012 00:02

Ley de Tierras

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Para el grupo indígena, la ley que está en la Asamblea parecería ser compensación al maltrato que el colonialismo español perpetró sobre los pobladores originarios de América.

La concesión de grandes zonas selváticas otorgadas por Rodrigo Borja a comunidades orientales o la reforma agraria emprendida por la dictadura, en que se apropiaron muchos militares que ahora son palmicultores, o el reparto de haciendas deterioradas agrícolamente en manos del Estado, no ha sido suficiente.

Ahora los indígenas reclaman una reforma agraria nueva, en que según el dirigente Andrango debe entregarse 25 ha de terreno a cada agricultor de esa etnia, provenientes de tierras sin titulación o expropiadas por causales estipulados en la Constitución.

El Gobierno dice que no ha podido ejecutar el mandato, porque no existe catastro de las tierras susceptibles de reparto, pero este asunto no es tan simple.
Primero, porque el patrimonio nacional pertenece a todos los ecuatorianos, no a un grupo, una comuna o una etnia;

Segundo, porque no se trata de un demagógico, populista o paternalista y mesiánico reparto de tierras, sino de impulsar la producción del país con un proyecto productivo que requiere de programas, recursos y capacitación de los involucrados;

Tercero, porque no se sabe quiénes serán los privilegiados sujetos de recepción de verdaderas haciendas de 25 ha, si las van a pagar o van a recibir a título gratuito, si serán del partido de gobierno, de la Conaie o de la Confeniae. Cuarto, porque a la vuelta de la esquina, si tienen un título, lo revenderán en privado, como se lo ha hecho con las haciendas repartidas per ‘C’, en Esmeraldas, Santo Domingo, o Los Chillos.

Un proyecto productivo jamás puede regalar tierras o adjudicarlas a privados. Puede meramente realizar una concesión por el tiempo que dure el proyecto, porque tampoco puede exponerse a que se divida por herencia, porque sería un proyecto no sustentable.

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