Cuando un dirigente cualquiera reacciona con griteríos y rabietas, desafíos y ataques a sus interlocutores que le piden la rendición de cuentas sobre su gestión, se despiertan las más negras sospechas y se autorizan los presagios más sombríos.
Nos hemos acostumbrado tanto a estas explosiones de arrogancia y prepotencia que se han trastocado las obligaciones y los derechos. Los “supuestos mandantes” que seríamos nosotros, no tenemos derecho a reclamar el cumplimiento de ninguna obligación a los “mandatarios” a quienes les pagamos el sueldo (que a ellos solo les sirve para los tabacos, ya sabemos por qué).
Los griteríos y las rabietas son los argumentos de quien se siente pillado en culpa. Su muy trillada estrategia es la de declararse “perseguido político”.
Todo funcionario público, dirigente o no, tiene la obligación de presentar -con buen talante- la rendición de cuentas sobre su gestión y transparentar su situación patrimonial, antes de ser requeridos por los órganos de control (que no controlan sino a los peces pequeñitos).
Deberían ser ellos los primeros en exhibirlas claritas y auditadas, para que sea la transparencia su garantía de honradez y pulcritud. Claro que estoy hablando del Reinos de los cielos porque aquí en nuestro “País de Manuelito” esto no se conseguiría ni usando tanques de guerra para obligarles a cumplir esta obligación.