Mediante carta del suscrito, publicada el 13 de diciembre en EL COMERCIO, se hace referencia a la inconveniencia de la reforma constitucional, según la cual se le quitaría a la Contraloría General la facultad de realizar auditorías de gestión, bajo el supuesto de que tal control ya lo realiza Senplades, con lo cual el Ejecutivo se convertiría en juez de sus propias acciones.
Sin embargo, la investigación realizada por el mismo periódico, publicada el 28 de diciembre respecto al incremento de costos en los trabajos de la Refinería de Esmeraldas, almacenamiento de gas en Monteverde y construcción de la Central Hidroeléctrica Manduriacu, demuestra la necesidad de que un órgano independiente establezca las responsabilidades respectivas en las demoras públicas y/o privadas que han llevado al país a sufragar diferencias millonarias entre lo que estaba presupuestado y los costos finales. Solo por los tres proyectos mencionados debería pagarse USD 548 millones adicionales.