22 de abril de 2017 00:00

Sobre varias investigaciones

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Eduardo Ávila Falconi

La lista de “Odebrecht, Petroecuador y Panamá Papers” es similar a la famosa película “La lista de Schindler” donde los involucrados se encuentran en estado de shock y en un compás angustioso de espera dependiendo del dueño de la información privilegiada para la decisión final y por supuesto en “jaque” a los espectadores. Acredito una larga vida profesional en el campo de la consultoría de empresas y disciplinas afines y por ello estoy desconcertado y a punto de abandonar mi profesión al “desayunarme” que la Superintendencia de Compañías no es competente para investigar transacciones económicas y financieras ilegales o la orgia de dinero de “Obedrecht” y otras afines, si en todos los casos intervienen empresas jurídicas nacionales y extranjeras. Al titular le recuerdo y le sugiero leer la Constitución, el art. 430 de la Ley de Compañías y el Reglamento Orgánico Funcional en especial que asigna funciones especiales al Departamento de “Lavado de Activos” que dispone ejercer el control e inspección de compañías con transacciones “atípicas” y que deberá informar y reportar a la “Unidad de Inteligencia Financiera”. Igual le recuerdo que el SRI hace 15 días más o menos comenta haber recaudado USD 66 millones producto de inversiones en paraísos fiscales investigados con la misma información que comparte con la SC. La ciudadanía quiere conocerle al Intendente y en rueda de prensa explique y argumente si es o no responsable en la investigación y análisis de estos delitos financieros. Si es positivo, el Ecuador se ahorraría de mucho dinero buscando en otros países la “famosa lista de corruptos” y la debida llamada de atención al mencionado burócrata. Mi criterio, la SC tiene la obligación legal y moral, dispone de información e infraestructura para investigar delitos empresariales. Esto me recuerda que hace cientos de años los Romanos decían: “Quit custodiet ipsos custodes? o “quien custodia a los vigilantes?”. Aquí nadie pide explicación a los controladores, ellos solo ejecutan a su discreción el control y creen que manejan una “hacienda propia”. La SC sigue anclada desde el siglo pasado y se olvida deliberadamente los mandatos constitucionales y el sentido común, a ella le corresponde informar lo que exactamente requieren las autoridades y evitar humillaciones intentando conseguir “la lista….” en el exterior. El paradigma de que la SC es una institución meramente de trámite tiene que desaparecer, su fuente de información de las empresas con su página web es aceptable, pero de allí a cumplir sus obligaciones que taxativamente establece le Ley, hay una gran distancia. Periodistas patriotas han indagado estos delitos como es el caso de “Panamá Papers” y por este motivo simplemente “le replico” a la SC, dejemos la sordera y la ceguera, la percepción general es que no investiga las irregularidades financieras de las grandes empresas.  

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