El Gobierno convencido, por fin, de que el sano desarrollo de un país es posible alcanzarlo solamente si participan en la inversión tanto el sector público como el privado, busca acercarse a él ofreciéndole seguridad jurídica, porque sin ella no habría ciudadano que quiera invertir. Los ejemplos de falta de estabilidad legal pueden sintetizarse en el programa de cocinas de inducción a través del cual se indujo a varias empresas nacionales a invertir en él, porque se quería sustituir las cocinas de gas por aquellas. Sin embargo, poco tiempo después de haberse realizado tales inversiones, el Gobierno decide importarlas desde China, con lo cual -estimo- se habrían frustrado los proyectos nacionales.
Otra muestra: Petrocomercial venía otorgando franquicias para la distribución de combustibles bajo dicha razón comercial, pero por los subsidios que estarían recibiendo tales estaciones de servicio, se habría ordenado la liquidación de dichas concesiones, causándose -también en este caso- enormes perjuicios a los inversionistas.
Algo más: las reglas expedidas por el SRI son con frecuencia cambiadas, ya sea en la presentación de documentos o información contenida y esto solamente para las personas naturales, porque para las jurídicas, conozco que cada ocasión se les estaría pidiendo más información, a veces incluso sin límite de ninguna naturaleza, como en el caso de las utilidades entregadas, a partir de un dólar, a cada uno de los cientos de socios de las diferentes sociedades anónimas.
Por otra parte, a los bancos privados también repetidamente se les estarían cambiando las normas a las que deben sujetarse en sus operaciones y en los costos de los servicios que otorgan. Esta inestabilidad se repite no solo en los sectores indicados, pues pasa en varias dependencias públicas.