Los hospitales públicos grandes han tenido un capellán desde hace años, no es una cosa resiente. Lo que ha ocurrido en el Hospital Andrade Marín y otros del país, es que no solo se elimina el pago al sacerdote sino que se les ha quitado el pequeño espacio físico conocido por médicos, enfermeras y empleados de los hospitales y al que son remitidos los familiares de los enfermos que están interesados en recibir asistencia espiritual. Como señala la Constitución en el numeral 8 del art. 66: se garantiza a las personas su derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión. La asistencia espiritual es un derecho básico de todos los ecuatorianos, aún si están presos y con mayor razón a los enfermos. Quienes acuden a los hospitales no solo valoran la atención profesional médica y la humana que reciban; sino la espiritual y religiosa.
Dice el Director del IESS que desean invertir mucho más esfuerzos y recursos para la salud y seguridad social de millones de compatriotas, pero hay que tomar en cuenta que la salud no es solo corporal sino también espiritual. El mandato constitucional de atender la salud, la integridad de la persona, no solo a sus cuerpos. Bien conoce la ciencia médica la importancia de la atención a alma para alcanzar la plena salud corporal.
Pedir que sean las organizaciones religiosas las que paguen es discriminación, y una discriminación de las más nocivas. ¿Está bien pagar a quien atiende el cuerpo pero no a quienes atienden las almas de los enfermos? Está muy bien que el IESS quiera regular y racionalizar sus gastos pero eliminar el pago a los capellanes es equivocado. Finalmente se debería consultar a los asegurados si estarían interesados en que parte de sus aportes sean para los capellanes. Le pedimos al arquitecto Cordero que se haga esa consulta a los afiliados y se respeten los espacios de los capellanes .