Ante la avalancha de nuevas deudas que contrae el gobierno para financiar el desmesurado gasto público, es hora de cuestionar la legitimidad de la nueva deuda contratada. No se trata de legalidad, sino de legitimidad, que no es lo mismo. Las autoridades pueden tener facultad legal para adquirir nuevos préstamos, pero hacerlo para derrocharlo en gasto superfluo, es distinto.
El gobierno de la RC, con irresponsabilidad manifiesta, recurre al endeudamiento de toda índole, a cualquier costo y de cualquier origen, para ocultar la profunda crisis económica causada por sus propias políticas, que han llevado a subir el gasto del sector público del 23 al 42 por ciento del PIB. La baja de los precios del petróleo no es la causa del descalabro de la economía. Aceleró su aparecimiento, pero tenía que darse en algún momento, porque era insostenible el crecimiento del gasto público. Baste recordar que el endeudamiento agresivo se inició en 2012 y 2013, cuando los precios del crudo bordeaban los 100 dólares por barril. La prenda del oro con Goldman Sachs y gran parte de los préstamos de China con tasas de 7 o más por ciento, ocurrieron en esos años.