25 de September de 2013 00:00

De la Gobernadora del Carchi

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Con sorpresa e indignación en la publicación de Diario El Comercio del viernes 20 de septiembre del 2013, cuaderno 1 en la sección Opinión, en su editorial se titula “Las zanjas fronterizas” textualmente se indica “La orden proviene de la Gobernación de Carchi y, para cumplirla, uniformados entran en la propiedad privada de varios ecuatorianos y cavan zanjas de hasta tres metros de profundidad en zonas habitadas, para impedir el paso clandestino del comercio, que, como se sabe, elude el puente internacional de Rumichaca”. “Habría que poner el ojo en grandes productos como la gasolina, el gas y los licores que emplean caminos distintos a los que motivan la curiosa delimitación”.

Esta información no se apega a la realidad de los documentos oficiales, me permito indicarles los antecedentes:

En la declaración presidencial del 19 de diciembre de 2011 los Presidentes de Ecuador y Colombia  instruyen a la comisión binacional sobre pasos de frontera, el estudio de los distintos pasos ilegales entre los dos países y determinar aquellos que se requieren legalizar, y en caso contrario, proceder a su destrucción de manera conjunta entre los dos países.

En el I Gabinete Binacional Ecuador-Colombia celebrado el 11 de diciembre de 2012 en la ciudad de Tulcán en el que los Presidentes Rafael Correa y Juan Manuel Santos dispusieron atender las recomendaciones del Grupo Binacional de Pasos de Frontera en un plazo no mayor a 1 año e instruyeron visitar en el transcurso de primer trimestre de 2013 los 15 pasos de frontera que aún no han sido inspeccionados.

Después de varios informes técnicos elaborados por Ecuador y Colombia, se determinaron conjuntamente 43 pasos ilegales en la frontera compartida.

Decisiones Binacionales

  • El 30 de noviembre de 2012 las delegaciones de Ecuador y Colombia consensuaron las recomendaciones en cada uno de los pasos de frontera.
  • Se determinó destruir 11 pasos, legalizar 4 y fortalecer la presencia de las instituciones gubernamentales centrales y locales en 28 pasos.
  • El 14 de junio de 2013 se decidió que para ejecutar la destrucción de los pasos la tarea se dividirá entre los dos países, 6 pasos los destruirá Ecuador y 5 pasos Colombia.
  • Se acordó que los pasos que Ecuador destruirá serían, en Carchi: Calle Larga, Frailejón (La Pintada), Cerro Troya, Angasmayo y Santa Bárbara.  Y en Sucumbíos, La Bonita.
  • Colombia destruirá: Aguas Hediondas, Cooperativa 20 de marzo, Capulí, Pulcas y Cartagena.
  • Para destruir los pasos se estableció un cronograma con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a fin de cumplir con la actividad antes del 31 de octubre, según consta el compromiso al que se llegó con Colombia.

 

El contrabando es una economía ilegal en la cual se benefician unos pocos individuos de los recursos de todos los ecuatorianos. Contrabando de hidrocarburos, gasolina, diesel, GLP (cemento, precursor para procesamiento de coca), armas, municiones explosivos; pero sobre todo se ha verificado que estos pasos han sido usados para la trata de personas, delito encomiable que el Ecuador lo enfrenta con radicalidad.

El país pierde ingentes recursos por el contrabando de hidrocarburos que bien podrían ser invertidos en desarrollo social. Se calcula que aproximadamente se fuga por las 3 provincias fronterizas con Colombia, USD 77 millones anualmente.

Contrabando de papas que perjudica a los agricultores ecuatorianos que no pueden competir con los precios más bajos a los que se venden las papas provenientes del contrabando.

La decisión de legalizar o destruir los pasos ilegales tomada por los dos mandatarios en el Gabinete Binacional representa el mejor momento en las relaciones de los dos países. Este es un ejercicio binacional histórico dispuesto por nuestros Primeros Mandatarios.

Se conformó una comisión binacional para realizar visitas a los 43 pasos reconocidos binacionalmente. Posterior a esto se realizó un análisis estratégico, socioeconómico para no afectar a las dinámicas comerciales legales.

Las recomendaciones después de este trabajo consistieron en tres variables: legalizar, fortalecer y destruir.

En el caso de fortalecer los dos Estados hemos asumido la responsabilidad de incrementar el control y en los casos que la comisión ha recomendado destruir ha sido basado en tres condiciones:

1.-Que el paso no contemple poblaciones en los dos territorios.

2.- Que exista otro paso cercano sobre el cual se tenga control.

3.- Que los dos países no tengamos capacidad para ejercer el control con las instituciones correspondientes.

Es importante resaltar que tanto Ecuador como Colombia se han comprometido a fortalecer el control en 28 pasos ilegales fomentando así la seguridad en frontera. Las acciones a ejecutar no están de ninguna manera relacionadas con un tema limítrofe. Nuestras fronteras terrestres y marítimas con Colombia están completamente definidas, este es un tema estrictamente de seguridad.

Todas las acciones emprendidas están enmarcadas –en el caso ecuatoriano- por la Ley de Seguridad y del Estado. Pero no hay que olvidar que estas intervenciones representan compromisos binacionales.

En tal sentido solicito en base a lo que determina el Art. 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, mi derecho legal a la rectificación, en relación a “Asunto anacrónico y hasta inverosímil”, “Los soldados cavan zanjas como si de trincheras se tratase para “delimitar” los pasos fronterizos”, “La orden proviene de la Gobernación del Carchi”, “Blindar de ese modo la frontera, a más de inútil parece una misión imposible”, “Habría que poner el ojo en grandes productos como la gasolina, el gas y los licores que emplean caminos distintos a los que motivan la curiosa delimitación”.

En la parte pertinente Art. 23.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contestación y precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, sección y horario; las rectificaciones a las que haya lugar.

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