Una división clásica del Presupuesto del Estado, nos permite identificar los ingresos en ordinarios y extraordinarios y los egresos en gastos corrientes y de capital. Entre los primeros, están básicamente los ingresos tributarios y entre los segundos los préstamos, que crecen cuando aumentan los gastos por sobre los niveles “normales” o cuando, alternativamente, las recaudaciones no se han incrementado.
Qué está sucediendo en nuestro país: los ingresos fiscales entre el 2013 y el 2018, apenas se han incrementado en $.193 millones, mientras los gastos administrativos han subido en USD 507 millones en el mismo lapso, lo cual le obliga al Estado a endeudarse más, pese a que las inversiones en dicho periodo disminuyen en USD 1240 millones, manteniéndose las necesidades de financiamiento en casi USD 1 000 millones mensuales, hasta fines de año.
El problema es mayor, porque el nivel de endeudamiento total del Gobierno Central, incluyendo las ventas anticipadas de petróleo, los papeles de corto plazo y la deuda interna, llega nada menos que a USD 54 886 millones, por sobre el 40% del PIB, que es lo permitido. ¿Podrá irse reduciendo el gasto corriente para no afectar las inversiones que el país necesita? La respuesta la tiene solo el Presidente.