El presidente Rafael Correa señaló que ha bajado (17,2%) el índice de homicidios de junio a septiembre de 2012, gracias a los operativos conjuntos entre policías y militares. Fue directo en decir que grupos delincuenciales utilizan a mujeres embarazadas para fechorías, pues no pueden ser detenidas (para fines de investigación) ni se puede dictar auto de prisión preventiva en su contra, en el caso de existir instrucción fiscal.
Que inteligencia policial ha detectado que varias de aquellas preñadas han abortado para volver a embarazarse. En fin. El Mandatario dijo que, de ser necesario, se reformaría el Código de Procedimiento Penal; así, de haber mujeres embarazadas que delincan, deberán ser privadas de la libertad hasta los seis meses de gestación; que luego, podrían ir al policlínico del centro donde estuvieren privadas de la libertad; y, a posteriori de que den a luz, sus hijos o hijas quedarían bajo la protección del Estado hasta que las parturientas cumplan sus condenas.
La Constitución garantiza los derechos de las mujeres embarazadas y en período de lactancia; empero, tal estatus no puede servir de parapeto para que delincan tranquilamente y nadie pueda detenerlas u ordenar su prisión preventiva. Bienvenida pues, una reforma procesal en ese sentido.