La disposición presidencial prohibiendo que ministros, subsecretarios y en fin todo funcionario publico conceda entrevistas a medios de comunicación privados, ha originado una diversidad de reacciones de rechazo en la ciudadanía, principalmente por ser algo nunca visto en nuestro país y en ninguno de la región, salvo quizá en los que siguen la línea castrista.
Este asunto de entrevistas bien puede ser incluido en el concepto de “expresión” por lo que esta prohibición se convierte en otra restricción más a la “libertad de expresión”, que perjudica primeramente al mismo Gobierno, pues si las entrevistas se producen solamente en los medios sujetos a control gubernamental, los entrevistados se limitarán a relatar las cosas que las consideran buenas, y sin mayor explicación haciendo ver que todo anda de maravilla y sobre ruedas, en lo que el entrevistador estará de acuerdo, sin tener nada que refutar o pedir explicación, convirtiéndose la entrevista en una simple narración de hechos y cosas sin mayor interés.
Por el contrario, en una entrevista en un medio privado, el entrevistador se convierte en ‘abogado del diablo’ e invita al entrevistado a explicar y razonar sobre sus puntos de vista, haciendo de la entrevista un momento significativo y de mucho interés, lo que da como resultado una mayor difusión de la labor oficial, que beneficia al Gobierno.
En fin, los funcionarios públicos y los medios privados tendrán que someterse a lo dispuesto en esta disposición, que ha sido mal vista por el ciudadano pensante. Luego de esta imposición oficial que tiene que cumplirse, lo apenas lógico sería que las sabatinas y las cadenas radiales, como por ejemplo las de los lunes por la noche y otras, sean transmitidas únicamente por los medios afines y controlados por el Gobierno, permitiendo a los medios privados utilizar esos espacios para su programación regular