Estas empresas se encuentran divididas por sectores: de Comunicación; Desarrollo Social; Estratégico; Producción; Seguridad; Talento Humano y Urbegestión. Aunque el gobierno piensa que las empresas públicas no deben medirse bajo los estándares de las empresas privadas, es importante seguir los mismos procesos de administración que logren un punto de equilibrio positivo, evitando: nepotismo e inyección laboral excesiva, para que sean autosustentables y no exista paternalismo estatal. En aquellas de sectores de Comunicación, Estratégicas, Producción y Urbegestión, están obligadas a obtener excedentes que ayuden a aliviar la carga fiscal, sin embargo las condiciones competitivas con empresas privadas, deben ser regidas por las mismas reglas en vista de que son exentas de tributos y amparadas con leyes que las benefician al ser consideradas estatales. Otras empresas públicas deben desaparecer o ser asimiladas por entidades que realizan el mismo trabajo.
En el 2017, 22 empresas públicas cerraron con un saldo negativo de USD 86 millones, igual que los cuatro años anteriores según datos del Banco Central. Entre ellas, deben cerrarse: Enfarma, que nunca produjo medicamentos; Yachay, la empresa, no la universidad; Enami, por no tener capacidad de exploración minera; Ecuador Estratégico, antes conducida por un Departamento de distribución y liquidación de regalías del Banco Central, manejado por seis personas.
Empresas de transporte deben ser consideradas como privadas para que no se abuse de su uso, facturando su utilización para transparentar operaciones y costos, en vista que su operación se la hace con dinero dado por el pueblo a través de impuestos. Parte de la reducción del gasto público se encuentra transparentando la utilización adecuada de estas empresas, permitiendo que subsistan sólo aquellas que sean necesarias.