En noviembre de 2011 se aprobó el Presupuesto General del Estado 2012 por parte de la Asamblea Nacional, el mismo que consideró algunas previsiones, tales como la compra de renuncias por 154 millones, reservas matemáticas para los jubilados y mantenimiento y reparación de equipos informáticos por 20 millones.
Pero el presupuesto no incluye un rubro específico que cubra la creación de una fuerza civil especializada en rescate por inundaciones, incendios, terremotos, erupciones volcánicas, ni tampoco un rubro que cubra la difusión y entrenamiento de la población para que se encuentre preparada para afrontar estos sucesos y de las provisiones y alimentos necesarios para atender a las poblaciones afectadas por esto sucesos.
Esta falta de previsión hace que actualmente, la ayuda a los afectados llegue con cuenta gotas contra las cantidades de agua que les inunda. Sin embargo, el presupuesto incluyó para publicidad, publicaciones, difusión de información y paquetes informáticos cantidades que exceden los 500 millones y el de las obras públicas de transporte y vías que llega a los 636 millones, de las cuales hay pérdidas estimadas en un 38% debido a las inundaciones y derrumbes, que seguramente obligarán con nuevos estudios a rectificar las vías.
La Asamblea tiene una tarea prioritaria ante el clamor ciudadano de ser atendidos con urgentes estudios y leyes que protejan a la población de estas calamidades, postergando una Ley de Comunicación que necesita ser tratada con mayor participación ciudadana y consenso.