Respecto del Impuesto a la Herencia, los funcionarios de este Gobierno sostienen que no es fiscalista, afirmación con la que discrepo absolutamente. En efecto, si se lo analiza parcialmente -estrategia que usa el Gobierno para distraer cuando toma este tipo de medidas- aparecería que tal hecho es así. Pero al tema hay que entenderlo globalmente. Lo que están es creando en algunos casos y en otros aumentando el impuesto a la transferencia de dominio.
Así, comenzaron gravando las transferencias de dominio que se hagan de las acciones y participaciones que tengan en las compañías, con la denominada Ley de Incentivos a la Producción. Ahora están cerrando el círculo, aumentando el impuesto a las herencias y legados para las transferencias de dominio que ocurran por sucesión por causa de muerte y para las donaciones y creándolo para el caso de los fideicomisos. Seguidamente incrementan el impuesto a la plusvalía ordinaria al máximo del 10%, derogando la posibilidad de disminuirlo mediante ordenanza como sucede al menos en Quito. A la vez crean el impuesto a la plusvalía extraordinaria, que se pagará cuando se realice la transferencia de dominio de bienes entre personas vivas, por ejemplo una compraventa. Eso es todo, esto va a ser pagado por las clases pobre, media y rica según las tablas establecidas y el acto o contrato que realicen, siendo para los finalmente nombrados el impuesto confiscatorio. A lo dicho hay que agregar el último incremento realizado por el Consejo de la Judicatura de las tasas notariales. De lo anotado se concluye que se trata de una medida eminentemente fiscalista.