La modernización de la Justicia ecuatoriana, pregonada a los cuatro vientos por el presidente Correa y el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, no parece estar a la altura de las ponderaciones. Para muestra, el siguiente ejemplo: hace pocos días le sustrajeron el teléfono celular a una sobrina. Como esos artefactos disponen de un localizador GPS, no fue difícil dar con su paradero. Hasta aquí la parte fácil de la aventura. Lo difícil fue convencer a las autoridades que acompañaran a la familia hasta donde marcaba con exactitud la señal del GPS. Una vez allí, el policía encontró muy peligroso ingresar al domicilio y recuperar el celular. De todas maneras, el sospechoso del hurto fue conducido ante el juez de flagrancia, quien analizó el caso y consideró que al no haber el cuerpo del delito (el teléfono), no había pruebas contra el acusado, sin importar que la señal del aparato seguía ubicado en la casa del individuo. La jueza de turno consideró que el GPS no era prueba y dejó en libertad a quien, poco antes, negociaba el teléfono en un almacén cercano a su domicilio. El desenlace fue el esperado: la pérdida definitiva del aparato, la liberación del sospechoso y la ausencia de GPS en la Justicia.