Ya hacía falta un proceso transparente en el país. La Consulta Popular y el Referéndum que vivió Ecuador reivindican la gestión política, tan venida a menos en los últimos 10 años. La prepotencia, la arrogancia y la tiranía pasaron la factura respectiva en las urnas.
Se ha sepultado el conflicto, la amenaza, los ataques sistemáticos y el abuso de autoridad.
A partir del 5 de febrero Ecuador vive una nueva realidad, la oportunidad de desarrollarse como una nación enmarcada en el Estado de Derecho, que a través de alianzas público-privadas, estabilice la economía, para conseguir inversión extranjera, promover el ingreso de divisas al país y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. La decisión de los electores promueve la alternabilidad democrática, descarta la concentración de poderes y dispone la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, entidad que ningún beneficio le ha reportado al país, por el contrario le ha generado decenas de perjuicios y pérdidas de millones de dólares por una gestión negligente sobre todo en temas de corrupción.
Existe un tema que queda pendiente, la reforma o eliminación de la Ley de Comunicación, disposición contraria a los tiempos de conciliación que vive el país.