4 de julio de 2016 00:00

La deuda soberana 

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Alfredo Sánchez Núñez

La Dictadura Militar que gobernaba el país en 1974 dispuso el pago de la deuda de la independencia, costosa heredad nacida junto con la República. Para que esto ocurra habían transcurrido más de 150 años y la cancelación fue posible en gran parte a los recursos provenientes de la naciente explotación petrolera que llenaron la caja fiscal.

En 1976, en plena bonanza petrolera, el Gobierno Militar con otros actores, dio inicio al endeudamiento agresivo, que avanzó paralelamente a la explotación de hidrocarburos y continuó durante los regímenes democráticos, que añadieron nuevos acontecimientos como la sucretización y persistente devaluación, que culminaron en la dramática dolarización.

En 2008 el nuevo gobierno condena la deuda externa, a la que califica de ilegal e ilegítima, fruto de la sumisión neoliberal al imperio y las multilaterales, declarando la moratoria de un porcentaje, que extrañamente la recompra cuando esta ha perdido valor en los mercados financieros, dando continuidad al endeudamiento, a pesar de recibir hasta inicios del 2015, la más grande cantidad de dinero de la etapa republicana, proveniente en su mayor parte del petróleo, insuficiente para satisfacer los dispendios.

La situación actual es diferente a los siete años precedentes, el petróleo ha perdido su precio y el país ha dejado de percibir ingresos abundantes, incitando al régimen a imponer dos “soluciones”: incrementar los impuestos y captar más créditos, desechando las multilaterales que ofrecen mejores condiciones y plazos, argumentando que estos organismos limitan las operaciones y el país no puede someterse a exigencias que atentan su soberanía, prefiriendo acreedores de la China, ávidos de lograr grandes beneficios con sus empréstitos, concedidos a intereses más altos, en plazos cortos, y pago con bienes (petróleo) y expandir su presencia en los países latinoamericanos.

El prestamista escogido no exige conocer el destino de los créditos, en consecuencia, este endeudamiento cumple los requisitos para ser aceptado como deuda soberana. Sin lugar a dudas, estamos sintiendo el advenimiento de un engendro apadrinado por la actual administración, del que ignoramos su real tamaño y del que solo conocemos que nació, es voraz, crece rápidamente y algún día debe ser cancelado por los ciudadanos actuales y las futuras generaciones; ojalá este pago no sea tan largo como la deuda de la independencia y requiera de algún milagro semejante a la aparición del petróleo, pero es indudable que la deuda soberana, legado de la revolución ciudadana, exigirá un sacrificio prolongado e injusto de los ecuatorianos. 

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