29 de April de 2015 22:43

Descalabro social

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Las opiniones vertidas, sin el debido y adecuado conocimiento, por cuatro neófitos improvisados asambleístas, sobre la obligatoriedad que tiene el Estado de aportar con el 40% para el financiamiento de las pensiones jubilares y la deuda que el Estado mantiene con el IESS, valen más que lo que sobre este tema han expresado técnicos actuariales, consultores, analistas económicos, abogados y demás expertos en Seguridad Social.

El respeto al patrimonio, en virtud de su autonomía de la institución más importante y trascendental que tiene el país, el IESS (art. 371 de la Constitución), debe tratarse con absoluta seriedad, objetividad y profesionalismo y no con una ley atentatoria e ilegal, aprobada y ejecutada en tiempo récord, la mal llamada “Ley de Justicia Laboral”. ¿De qué justicia hablan? Pero, desafortunadamente, Alianza País no ha entendido, que su primera obligación legal, moral y ante la Patria, es defender los legítimos intereses del pueblo ecuatoriano y de manera prioritaria a los jubilados y adultos mayores, el segmento poblacional más vulnerable (art. 36 de la Constitución).  

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