4 de April de 2013 00:01

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El Gobierno Nacional acaba de dar un ejemplo sobre la denuncia, al hacer presente ante la OEA hechos que muestran que la estructura orgánica y regulatoria de la CIDH no garantiza la imparcialidad que debe caracterizar a un organismo internacional que está obligado a defender los derechos humanos. Así, no todos los Estados miembros de la OEA son parte de la CIDH, algunos no han suscrito el tratado de San José, hay países miembros que no aportan  para el sustento de la CIDH, lo que la obliga a recibir apoyo económico de otras organizaciones interesadas en que la CIDH subsista, pues la necesitan para que las defienda. También ha manifestado su contrariedad en la aplicación de medidas cautelares por parte de la CIDH en defensa de los derechos de la persona en contra de acciones tomadas por Autoridades. Al respecto lamentablemente a través de la historia se puede comprobar que las autoridades de turno muchas veces han atropellado los derechos de la persona en el continente y creo que la medida cautelar es la única que puede evitar que el daño sea consumado en contra de la persona. Lógicamente que se debe impedir que exista la posibilidad de que la parte interesada influya en las decisiones de la CIDH.

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