Hace unos meses, gracias a la eficiente gestión del Parque Nacional y la Policía Ambiental, se capturó a un ciudadano alemán que llevaba escondido en su equipaje varias iguanas terrestres que pretendía sustraer de Galápagos. Este delincuente extranjero fue juzgado y actualmente cumple su sentencia en una cárcel en Guayaquil. Hasta ahí estamos bien. No obstante, sorprende que solo el turista alemán haya sido sentenciado, cuando por las restricciones de movilidad que imperan en Galápagos, donde un visitante no puede acceder a las áreas del Parque Nacional sino en compañía de un guía naturalista, resulta extremadamente improbable que por su propia cuenta y riesgo este delincuente haya podido capturar las iguanas y trasladarlas a su habitación de hotel. Es casi seguro que contó con el concurso de un cómplice local, pero al parecer no se ha identificado a nadie más y con la sentencia el caso está cerrado. Ayer, un grupo de siete extranjeros fue detenido en el aeropuerto de Baltra cuando trataban de salir con 20 kilos de pepino de mar disecado. Especie que, al igual que las iguanas, es protegida y solo puede capturarse durante ciertas temporadas que especifica el Parque Nacional. Entiendo que también serán juzgados y esperamos, por el bien de nuestro Patrimonio, que sean sentenciados con todo el peso de la ley, pero es imprescindible que las autoridades judiciales se encarguen de identificar a los cómplices locales de los visitantes, puesto que la captura de pepino de mar es una actividad que implica equipamiento de buceo y su deshidratación un tiempo relativamente largo, por lo que es evidente que hay cómplices locales involucrados. Aquellos ecuatorianos que no tenemos calidad de residentes no tenemos derecho a estar en las Galápagos sino por un tiempo limitado (lo cual está muy bien) que es igual al de un visitante de cualquier otra nacionalidad, de lo cual se desprende que ser residente autorizado de Galápagos es un privilegio de unos pocos, pero se debe exigir a estos elegidos que respeten y protejan ese invalorable patrimonio de los ecuatorianos y de toda la humanidad, y a aquellos que cometan delitos en contra de la naturaleza del archipiélago, además de pagar sus delitos por la vía penal, se les debería anular su calidad de residentes.