24 de April de 2012 00:01

Del abogado de Isaías

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En el diario EL COMERCIO, el 15 de abril se publicó un artículo con el titular “Las dos caras del perjuicio al Estado en el caso Filanbanco”, en el que se hace una apología de la división de clases y en el que esencialmente se promueve la malintencionada teoría oficial de que los hermanos Isaías son culpables de todo, estigmatizándolos y afectando su honra. Ahora, con ese artículo, son culpables de tener casas de dos pisos y hasta el divorcio del protagonista de una historia incompleta y tendenciosa.
No sabemos si por desconocimiento o por no contrastar fuentes –pues nuestra versión no ha sido solicitada- en el artículo en mención no se ha explicado que el Filanbanco fue estatizado en 1998, sin perjudicar a ningún depositante, y que el Estado lo quebró en el año 2011porque corruptas administraciones burocráticas lo usaron para el salvataje de tres bancos en problemas (Cofiec, Pacífico y Popular) y lo fusionaron con Previsora; todo para favorecer a los amigos del poder de turno, convirtiéndolo de paso en el basurero de la crisis bancaria. Tampoco se ha explicado por qué no aceptamos una sentencia proveniente de un cuestionado juez –que como todo el periodismo sabe- actuó presionado por el Ejecutivo en el Caso El Universo. Sería infantil creer que en el Caso de los hermanos Isaías, el juez Merino actuó sin el consentimiento de Carondelet, que se respetaron derechos y que hubo un debido proceso. No se hizo justicia en este caso de 30 mil fojas que ha pasado por 54 jueces, durante 13 años y que curiosamente Merino despachó en tan solo un mes, porque la trama de fondo era usurpar definitivamente los canales de televisión TC y Gamavisión, para utilizarlos ilegal e inmoralmente a favor del oficialismo en la próxima campaña de reelección.
Le reitero que los hermanos Isaías entregaron Filanbanco sin ningún perjudicado y le invito a que me dé la oportunidad de probarlo con hechos y documentos. Los depositantes de Filanbanco recibieron el pago de sus acreencias producto de la liquidación de los activos del propio banco, no de parte de la AGD; institución que confiscó uno de los mayores conglomerados empresariales del país sin ningún sustento fáctico ni legal alguno, al punto de necesitar el Mandato 13 expedido por la Asamblea de Montecristi al día siguiente del asalto, para blindar tal resolución. Todos tenemos hoy claro que así como la confiscación de las empresas tenía como fin controlar los canales de TV de la familia Isaías y que la llevaron a cabo en el momento político apropiado, hoy no deberíamos cerrar los ojos que la sentencia emitida por el Juez Merino se notifica justo el día que la Ley Mordaza se debate en la Asamblea y en vísperas de la campaña electoral por la reelección del Presidente.
No podemos caer en la descalificación a priori y en sembrar el odio contra los empresarios, culpándonos de todo un drama social que no causaron. Me consta que no es política de su diario reproducir información fuera de contexto tal como acostumbra el actual gobierno, porque son prácticas que mancillan la honra de las personas.

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