Hace un poco más de un año EL COMERCIO tuvo la amabilidad de publicar una carta de mi autoría en la que pedía a las autoridades que supriman la mala costumbre de las compañías aseguradoras de vehículos de exigir la contratación, de parte del asegurado, de un dispositivo de rastreo satelital como condición sine qua non para reconocer el valor del bien en caso de robo. En vista de que ni el Gobierno, ni los asambleístas han hecho nada al respecto, espero que el Defensor del Pueblo tome cartas en el asunto, ya que sigo sin comprender la razón por la cual, quien contrata un seguro, también debe pagar un dispositivo y servicio anual de rastreo; artilugio de beneficio para la aseguradora que debería ser solventado por ellos.