9 de November de 2011 00:01

Decreto Ejecutivo 813

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El Gobierno, mediante este inusual decreto, reformó la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y abrió las puertas al ilegal e inmoral "despido intempestivo" de miles de servidores públicos. Haciendo gala de una macabra imaginación creó ese absurdo llamado "renuncia obligatoria"; nadie en su sano juicio comprende como una renuncia, acto voluntario, puede ser impuesta. Pero en el reino del abuso y la prepotencia, todo es posible y permitido. Lo paradójico es que el Gobierno viole los derechos de sus propios trabajadores y al mismo tiempo se presente como defensor a ultranza de esos derechos en el sector privado, donde por mucho menos habría sometido al abusivo patrono, conminándole, bajo amenaza, a suspender los despidos. No hay declaraciones oficiales, quizá porque la doble moral exige silencio, pero meses atrás, el ministro Richard Espinosa consideró al Decreto como un paso esencial para la reestructuración "rápida" del Estado; en tanto que el biosocialista y polifacético René Ramírez (Senplades, Senescyt, CES, etc.) justificó el Decreto con la búsqueda del "recambio generacional". Es que la vehemencia revolucionaria exige sacrificar a los "viejos" y a todos aquellos que por experiencia no se tragan la parafernalia de su cínica propaganda. Es obvio que para ellos no cuentan las personas de allí que, sin ningún remordimiento, dejan a la deriva a miles de familias, cuyo único sustento era el mísero salario de aquellos servidores públicos lanzados a la desocupación. Este nuevo atropello a los derechos humanos de los ecuatorianos merece ser conocido por la CIDH, pues en el Ecuador de hoy la revolución dispone de una justicia obsecuente que legaliza la injusticia.

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