La explotación del Yasuní se ha convertido en un tema de debate permanente en la sociedad ecuatoriana, sin embargo este debate de ideas, argumentos, contra-argumentos y contrastación de proyectos que debería ser canalizado a través de la institucionalidad del Estado ha demostrado una vez más la mediocridad de la política ecuatoriana. Debido a que por un lado el Gobierno solamente se ha dedicado a instrumentalizar el marketing propagandístico para justificar su decisión y la oposición ha brillado por la ausencia de un liderazgo que encarne la defensa de la biodiversidad por cálculos electorales. En medio de esta situación se encuentra un pueblo que no encuentra un espacio de legitimidad democrática para que se canalicen sus opiniones, propuestas y posiciones con respecto al tema, ya que la Asamblea Nacional, que es el ente institucional colegiado que debería canalizar la voluntad popular, ha cerrado el debate antes de comenzarlo.