Según información en los medios de comunicación, la asambleísta Soledad Buendía expresó lo siguiente:
“Que la acción de protección, es a favor del vicepresidente Jorge Glas, detenido en la cárcel 4, porque consideran que hay actos administrativos que están violentando sus derechos laborables así como sus garantías constitucionales”.
En todos los gobiernos, ha existido abuso del poder público, y se han despedido de la manera arbitraria, ilegal e inconstitucional a los servidores públicos, sean esto de carrera, mujeres embarazadas, personas seleccionadas por concursos de mérito y oposición, compras de renuncias obligatoria, mandatos constituyentes etc. etc., y en muchos casos dándoles una indemnización irrisoria.
En los procesos en los que se han determinado derechos y obligaciones de cualquier orden; a los trabajadores del sector público, no se les ha asegurado el derecho al defensa ni garantizado que dichas resoluciones por despido hayan sido debidamente motivadas.
En la jurisdicción contencioso administrativa se ha permitido o aceptado en muchos casos, que la relación de trabajo se termine por la compra de renuncia con indemnización, a pesar que difiere sustancialmente de lo laboral. No cabe duda que los servidores públicos, han sido víctimas de abuso de poder, y que el pago de una indemnización no modifica el acto administrativo convirtiendo de ilegal a legal.
En vista, que la administración de justicia en el Ecuador, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, los órganos de la función judicial no han gozado de independencia interna ni externa en ningún gobierno; ha llevado a quienes han sufrido una violación de sus derechos laborales, recurrir a instancias internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe tomar muy en cuenta el reconocimiento de la asambleísta Buendía, que el Ecuador existen actos administrativos que violan los derechos laborales y las garantías constitucionales de los servidores públicos; y, en el momento de conocer una petición de DD.HH., por violación de sus derechos laborales contra el Estado ecuatoriano, resuelva a favor de los servidores públicos que se les haya violados sus derechos.