13 de October de 2012 00:04

Cyberbulling

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La protesta pública es terrorismo y desestabilización: Ya nadie sale a las calles. El periodismo independiente es delito: los periodistas críticos desaparecen de sus espacios televisivos. El editorial es propaganda: No se dirá “ni pío” sobre los comicios. El único espacio de discusión que quedaba, las redes sociales, también son blanco de ataques de quienes se incomodan  con  el debate sobre los asuntos de interés nacional.

Empezó con una casual resolución del Conatel mediante la cual las direcciones IP dejaron de ser privadas.  Luego, de manera arbitraria,  se ordenó a EL COMERCIO remover la sección de comentarios de la versión  en línea del Diario. Y diariamente  se dan ataques virtuales a los críticos del Gobierno por parte de funcionarios públicos de todo nivel, quienes desperdician incontables horas de trabajo pagadas con nuestros impuestos, hurgando en los perfiles de ciudadanos por  ‘posts’   y   tuits que les son   incómodos, y realizando verdaderas campañas de hostigamiento cargadas de insultos y amenazas, cuyo último fin es asustar al  ‘atrevido’  y callarlo.

Este enrevesado escenario, en el que los funcionarios públicos son quienes piden cuenta a los ciudadanos de sus actos, y estos últimos soportan el escrutinio de los que deberían servirlos, empieza a generar una nueva situación de miedo y autocensura, que menoscaban aún más el debilitado derecho a la libertad de expresión. El resultado es previsible: Si la opinión vertida en un tuit es perseguible penalmente, pronto los tuiteros críticos irán desapareciendo.


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