4 de mayo de 2017 00:00

Coima diferida

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Mauro Terán Cevallos

Entre los delitos contra la eficiencia de la administración pública tenemos el enriquecimiento ilícito o incremento injustificado del patrimonio (Art.279 del COIP); el cohecho que es recibir o aceptar el pago de coimas (Art.280 del COIP); la concusión cuando se ordena o exige el pago de coimas (Art.281 del COIP).

Estos delitos son imputables a las o los servidores público o a quienes actúen en virtud de una potestad estatal (elección popular) en las instituciones públicas. En el esquema sistémico de la corrupción estos son los delitos más jugosos y comunes, sobre todo cuando prevalece un marco de impunidad institucionalizada.

Lo novedoso es que los corruptos del Siglo XXI han desarrollado un mecanismo para evadir toda responsabilidad penal en el cometimiento de los delitos señalados, mecanismo que consiste en el pago o entrega diferida de la coima pactada por un acto corrupto, cuando el servidor público ya no lo es; es decir el delito se perfecciona cuando el servidor o mandatario ya no desempeña las funciones en las cuales realizó el ilícito que perjudicó al Estado.

Esta modalidad evasiva e impune determina la necesidad de una urgente reforma del COIP aclarando que aunque los pagos o coimas se efectúen cuando el funcionario o mandatario ya no tiene esta calidad, la responsabilidad penal sigue siendo la misma, como si el pago se hubiere realizado al desempeño de las funciones públicas. Incluso debería obligarse que los servidores públicos declaren con juramento su patrimonio, cada año, hasta los cinco años posteriores de haber terminado sus funciones. Esto es lo que debe preocupar al mandatario con prioridad, pues el sol de la corrupción no se puede ocultar con un dedo, más aun cuando muchos funcionarios y mandatarios terminarán sus funciones por el cambio de gobierno, siendo prioritario vigilar los cambios patrimoniales posteriores al cese de funciones.

Ojalá exista voluntad política, en el nuevo régimen, para perseguir y prevenir la corrupción. Si el nuevo régimen no inicia la moralización del país en democracia, vendrá una imparable revolución moralizadora.

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