Por ministerio de la ley, sin consensos y con veto presidencial, entró en vigor el cuerpo legal que puede atentar contra el ejercicio democrático.
Lo llaman el Código de la Democracia. Es la hoja de ruta, la normativa que marca la cancha para los próximos comicios, con la particularidad de que tendremos otra vez a un Presidente en funciones como posible candidato.
Falta, cierto, la reglamentación del Código, pero sabido es también que el Poder Ejecutivo cuenta con personeros cercanos y partidarios en el Consejo Nacional Electoral, encargado de elaborar el documento.
Afrontar un nuevo proceso electoral en condiciones de inequidad para todos los candidatos mancharía el ejercicio libre de la voluntad popular. Emplear, como se ha empleado, un millonario aparato de propaganda pagada por el Estado, y poner al servicio de una sola candidatura el amplio grupo de medios gubernamentales, cuyos gastos pagan todos los contribuyentes, sería un gran abuso.
El Código que aprobó la Asamblea fue modificado con el veto presidencial. En el Legislativo no hubo los votos requeridos para insistir en el proyecto, y la consecuencia es que la prensa no podrá divulgar piezas periodísticas que pudieran beneficiar a los candidatos.
El problema está en saber qué persona o entidad calificará un tema tan subjetivo y cómo se ejercerá esa discrecionalidad cuando se trate de candidatos del Régimen, o cuando la supuesta infracción se cometa en un medio manejado por el Gobierno. El resultado podría ser un proceso inequitativo donde quienes ejerzan el poder político tengan a su favor la maquinaria y los medios estatales. Y los competidores poco o ningún espacio para divulgar su ideas.
Aun cuando el cuerpo legal se promulgó de modo expedito, hay varias demandas y petición de medidas cautelares en su contra. Ojalá las autoridades pertinentes frenen este Código que atenta contra la democracia.