Problema entre 2 provincias

En enero de 1995, el Congreso Nacional expidió la Ley de Creación del cantón General Antonio Elizalde (Bucay), en la provincia de Guayas. Pero, al fijar los límites territoriales del nuevo cantón cercenó territorios que pertenecían, y pertenecen, a la provincia de Bolívar, específicamente los que comprenden las jurisdicciones de Santa Rosa de Agua Clara y Esperanza Alta del cantón Chillanes.

El Congreso intentó solucionar su error y el 14 de febrero de 1995, expidió una Fe de erratas aclarando: “Los linderos del cantón General Antonio Elizalde serán los mismos de la jurisdicción parroquial dentro del cantón Milagro”. El Prefecto de Bolívar a la fecha recurrió ante el Tribunal de Garantías Constitucionales con una acción de inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley de creación del cantón Antonio Elizalde; este organismo resolvió así: “El nuevo cantón (Antonio Elizalde) conservará dentro de la circunscripción territorial ecuatoriana exactamente los límites que tuvo cuando era parroquia”; apelada esta sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, esta se pronunció en el mismo sentido y transcurrido el término legal, la sentencia quedó ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada.
La administración del cantón Antonio Elizalde desacatando la sentencia, el 31 de enero de 2012, dicta la “Ordenanza que precisa los límites cantonales”, y establece coordenadas que amplían el cercenamiento de territorios bolivarenses a 174,28 km2. El Prefecto de Bolívar de entonces, el 7 de diciembre de 2012, interpone ante la Corte Constitucional acción de inconstitucionalidad de esa ordenanza, que sigue sin resolverse hasta esta fecha.
El Prefecto del Guayas, aprovechando este “conflicto territorial” artificialmente creado, presenta ante el presidente de la República, Rafael Correa, demanda de Procedimiento de Resolución Institucional para “resolver los límites internos que mantienen las provincias de Guayas y Bolívar, respecto de las zonas denominadas Esperanza Alta y Santa Rosa de Agua Clara” límites que ya fueron resueltos mediante sentencia ejecutoriada. El Presidente de la República inicia este Procedimiento y el 10 de septiembre de 2015 solicita a la Presidenta Subrogante del Conali que lo sustancie, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos y en su Reglamento.
Lo grave y preocupante para la provincia de Bolívar es que no existe problema limítrofe que resolver, sino exclusivamente la aplicación de una sentencia ejecutoriada. Aspiro que el Presidente resuelva esta injurídica pretensión haciendo respetar una sentencia en firme.  

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