25 de agosto de 2016 00:00

La corrupción

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Nancy Ochoa Antich

Desde el punto de vista de la ciudadanía, todos los gobiernos del mundo son juzgados como corruptos. Es una reacción de impotencia de la gente por la inaccesibilidad del Estado. La única salida que tenemos frente a esa situación es la legislación. Afortunadamente la humanidad ha establecido el principio de igualdad ante la ley, al que debemos recurrir, aunque haya excepciones abusivas en todas partes. La sociedad también debe exigir transparencia gubernamental, que esté legislada.

Puede haber gobernantes honestos. Parece de sentido común que los más altos funcionarios cuiden su imagen y hasta su lugar en la historia. Sin embargo, es difícil controlar a todos los empleados públicos, que actúan según la cultura de mayor o menor tolerancia a la corrupción. En la coima, que he escuchado está muy generalizada en el Ecuador actual y desde gobiernos anteriores, el empresario privado también es responsable y debería denunciarla.

Sobre los contratos “amarrados”, que dicen suelen realizarse ahora en el país, la sociedad debe presionar para que se cumpla la igualdad de condiciones, que con seguridad la hay en la normativa vigente. Tampoco es correcto que el rumor de corrupción sea una especie de muletilla, que se usa alegremente porque encubre la insatisfacción con el modelo. Es decir, en vez de oponerse francamente al cobro de impuestos, a los mejores salarios de los trabajadores y a la obligación de afiliarlos al Seguro Social, se recurre a acusar al gobierno de corrupción.

La evasión de impuestos también es corrupción porque igualmente es aprovecharse de los recursos públicos en beneficio privado. Llevar el dinero a paraísos fiscales es una estrategia de evasión. Es fundamental que vayamos mejorando la legislación, así como la educación en valores. El gobierno actual valora el progreso de las mayorías y difunde la idea de que los recursos públicos son de todos los ciudadanos. También es de sentido común que un gobierno así sea menos corrupto que uno con objetivos de enriquecimiento de una minoría privilegiada. Parece evidente que algunas denuncias de corrupción en los gobiernos de izquierda tienen fines políticos de grupos que se consideran perjudicados porque quisieran que haya privilegios.

El Pacto Ético propuesto por el presidente Correa debe ser apreciado más allá de la coyuntura , pues la ley que surja de la consulta popular va a ser aplicada a los funcionarios públicos de éste y de cualquier otro gobierno. La ciudadanía debe contribuir con legislación que acorrale las acciones corruptas.  

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