19 de abril de 2018 20:50

Crimen y castigo

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Luis Calero Hidalgo

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Desde hace aproximadamente unos 17 años mantengo un seguro de salud, con una empresa nacional. En términos generales, no puedo quejarme de su utilidad, tampoco creo que la empresa podrá hacerlo, por las decenas de miles de dólares que ha recibido de mi parte.

Con la complicidad del tiempo, he cometido un crimen de lesa economía al haber incursionado en una rango de edad que, desde la óptica de los derechos constitucionales, paso a engrosar filas de un grupo vulnerable y, consecuentemente sujeto de atención prioritaria, mientras que desde la perspectiva empresarial, entré a formar parte de un grupo peligroso. Así pues, se me ha notificado con una sanción fuera de toda lógica previsible, creería yo que ni siquiera soportada en razonables estudios estadísticos y peor aún en consideraciones de derechos elementales o primarios. Un incremento irracional del 110% de la prima que debo cancelar en adelante. Sí, por cierto no es una equivocación, pues el valor fue confirmado personalmente en las oficinas de la empresa. Por mi buen comportamiento me han ofrecido la posibilidad de una pequeña rebaja y alternativamente la degradación de la categoría del servicio o la reducción del nivel de afiliación, con la consecuente afectación de mis actuales derechos.

Bajo el entendido que este no será un problema exclusivamente mío, sino que en general para todos los que cometan el mismo crimen, reclamo la intervención de la Superintendencia competente para que proceda a regular ese régimen sancionatorio.

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