La Constitución Política aprobada en Montecristi, supuestamente, para 300 años, incluye entre las funciones del Estado la de Transparencia y Control Social para “fomentar e incentivar la participación ciudadana” y tiene, entre otras responsabilidades, según expresamente lo señala el artículo 208, designar al Procurador General del Estado, a todos los Superintendentes, al Defensor del Pueblo, al Defensor Público, al Fiscal General del Estado, al Contralor General del Estado, a los Miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura, mediante “comisiones ciudadanas de selección” o sea en la práctica, todas las primeras autoridades del país.
Supongo que los concursos promovidos para el efecto, son transparentes, serios e idóneos, pero me pregunto: ¿por qué no quieren participar en ellos, los profesionales que están desvinculados del actual Gobierno?. Porque creo que su participación no es más que una tomadura de pelo y una pérdida de tiempo, porque las comisiones encargadas de la selección no serían autónomas.
Quitarle este enorme poder al ya famoso Consejo de Participación Ciudadana, creo que es urgente por el bien de la democracia y del Ecuador.