22 de marzo de 2016 00:00

La medicina prepagada

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Héctor Enrique San Martín Jordán

Desde hace muchos años, comenzaron a establecerse en el Ecuador las compañíasdemedicina prepagada. Actualmente existen entre cinco o seis de las más importantes, por el número de afiliados. Según datos obtenidos, los afiliados llegan a más o menos 800 000, que con una cuota de entre USD 40 y 60 reciben atención médica en clínicas y hospitales de primera. Algunas incluyen, con un aumento en la cuota, al cónyuge y sus hijos.

Como vivimos tiempos ‘revolucionarios’, ahora asambleístas de AP, con la señora Falconí a la cabeza, han desempolvado una Ley de Control de las Compañías de Medicina Prepagada, que de ser aprobada por la Asamblea y luego sancionada por el Presidente de la República, significaría la terminación de este buen servicio social, que evita un mayor congestionamiento en hospitales públicos y en los del IESS.

El proyecto de ley parte de criterios claramente equivocados. Por ejemplo, hasta se dice que ganan mil millones de dólares y que solo benefician a los dueños de esas empresas. La realidad es que se confunde todo. Las ventas totales de las empresas, según datos obtenidos, llega a más menos. 

450 000. Pero las ventas netas, de lo que debe deducirse todos los gastos de atención médica, la gran tajada del ingreso por ventas, impuestos varios como el de la renta, entre otros, dejan en forma efectiva una utilidad neta racional de las empresas de entre el 6 y 10% del total de las ventas, posible ganancia de la que debe deducirse el 15% de utilidad de los cientos de trabajadores que prestan sus servicios en la compañías. Se aduce que esta nueva ley es para controlar a estas “millonarias” empresas que se “levantan con el santo y la limosna”, lo que está lejos de suceder.

Las empresas están sometidas a varios controles. Así: a la ley vigente; al Ministerio de Salud que aprueba los permisos anuales de funcionamiento y los contratos de afiliación; a la Dirección Provincial de Salud que recibe las quejas y denunciasque se puedan presentar contra el servicio, en casos pertinentes, y que los resuelvan y sancionan; a la Superintendencia de Compañías; al SRI que fiscaliza todas las operaciones de las empresas de medicina prepagada; a la Superintendencia de Control de Precio y Calidad de Mercado que aprueba contrato, tarifarios, planes de mercadeo y más; a la Intendencia de Policía que también recibe denuncias sobre quejas; a la Defensoría del Pueblo. Y, finalmente, la vía judicial. 

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