En el artículo de opinión “Justicia Selectiva” del 31 de octubre, firmado por Enrique Echeverría, se realizan una serie de afirmaciones que los servidores judiciales nos sentimos en la obligación de aclarar. El Dr. Echeverría basa su argumentación en las afirmaciones del Defensor Público Dr. Ernesto Pazmiño y alude a su conocimiento y experiencia. Quizás el Dr. Echeverría desconoce estas afirmaciones textuales del propio Dr. Pazmiño.
En cuanto a la confianza en el Sistema de Justicia: “La ciudadanía está recuperando cada vez más la confianza en la justicia porque los jueces están resolviendo oportunamente las causas y haciéndolo con eficiencia y eficacia”. En cuanto a la aplicación del COIP, dijo: “Antes qué pasaba, necesitábamos un año, necesitábamos seis meses, dos años para decirle a una persona que es inocente. Esa es la ventaja del Código Orgánico Integral Penal”. Sobre la realización de concursos para obtener cargos en la función judicial: “No puedo dejar de reconocer al Consejo de la Judicatura ese trabajo eficiente que se realizó para garantizar que este concurso sea eso, un concurso público transparente, diáfano…”.
Así podríamos citar un sinnúmero de opiniones similares de los últimos nueve años en los que ha sido Defensor Público del Ecuador y su percepción de la transformación de la justicia en el país, que ha sido ampliamente reconocida por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y un largo etcétera. El Dr. Pazmiño nunca manifestó las afirmaciones que hoy hace públicas en alguna de las decenas de Mesas de Justicia en que participó la última década.
Estos cambios repentinos de opinión del Defensor Público resultan, por decir lo menos, sospechosos al acercarse un proceso electoral; así, las declaraciones del Dr. Pazmiño carecen de todo valor profesional y ético.
Si al Dr. Echeverría le consta y cuenta con pruebas de una mala actuación de algún funcionario judicial, le cabe el perfecto derecho de presentar la denuncia, que, tenga la plena seguridad, será debidamente tramitada.
Pedimos a los generadores de opinión que no empañen lo alcanzado en esta transformación del Sistema de Justicia. No es ético soslayar la opinión ciudadana, los reconocimientos internacionales y la nueva realidad cotidiana en la administración de justicia que atestiguamos, por seguir motivaciones políticas coyunturales o defender visiones obsoletas sobre el servicio de justicia.