14 de June de 2013 00:03

Carta del Defensor

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En mi calidad de Defensor del Pueblo, por medio de la presente, expreso mi desacuerdo por las afirmaciones realizadas por Diario El Comercio con respecto al Informe y los casos denunciados por la Comisión de la Verdad, principalmente en el reportaje publicado el 31 de mayo, titulado “Evidencias de la Comisión de la Verdad no sirven de prueba” y el editorial titulado “Una Comisión sin Peso” publicado el sábado 1 de junio en el que se desvaloriza el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, catalogándolo como un proceso lanzado con bombos y platillos, oneroso y sin resultados.

Los casos denunciados son graves violaciones de derechos humanos y por tanto imprescriptibles, en los que a pesar del tiempo transcurrido, se espera que no queden en la impunidad. Ese proceso requiere de esfuerzos complementarios que involucran la participación de diferentes instancias del Estado y la sociedad, con el objeto de dar seguimiento a sus recomendaciones y avanzar efectivamente en la investigación y judicialización de los hechos, así como para que a través de la Ley propuesta por la Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad se establezca un programa de reparación integral a las víctimas y sus familiares.

La Comisión tuvo la enorme responsabilidad de abrir el camino para lograr la sanción de las graves violaciones que denunció y que por tantos años no fueron atendidas ni asumidas por el Estado. Sin embargo, habiendo analizado con detalle el Informe, estoy convencido que existen los indicios y el marco legal suficiente como para probar que se trató de graves violaciones o casos de lesa humanidad, en los que hubo políticas sistemáticas y una clara responsabilidad del Estado.

Procesar estos delitos no será fácil tomando en cuenta el tiempo transcurrido y la clara voluntad que existió por desaparecer evidencias y proteger a sus autores materiales e intelectuales. Es necesario aclarar que en todo proceso penal, las evidencias o insumos mediante los cuales se denuncia la existencia de un delito tienen que ser primero corroborados por la fiscalía para solo de encontrar méritos suficientes, iniciar los juicios penales respectivos, por lo que, resulta ilógico suponer que la valiosa información entregada por la Comisión podía ser considerada directamente como prueba.

Por ello, la Fiscalía respetando el debido proceso – entre otras acciones debe primero recibir formalmente los testimonios de víctimas, testigos y presuntos responsables, verificar los lugares de los hechos u obtener oficialmente copias certificadas de la documentación encontrada. La Comisión de la Verdad no ha sido una suerte de justicia paralela como se insinúa, por lo que serán los Tribunales de Justicia y la Fiscalía, los que deberán pronunciarse y establecer las condenas a que haya lugar. Lo contrario sería simplemente inconstitucional.

Por todo lo señalado, preocupa que justamente cuando la Fiscalía procede a realizar la primera acusación obteniendo incluso que se dicte prisión preventiva a los presuntos responsables, cuando se anuncia la judicialización de más casos o el hallazgo de información adicional que confirma lo denunciado por la Comisión, el Diario El Comercio descalifique este complejo y doloroso proceso, sobre el cual muchas víctimas, familiares de víctimas y la ciudadanía en general tiene sembrada su esperanza, para que finalmente se haga justicia, se sancione a los responsables y se genere un claro precedente para que nunca más en el país vuelvan a ocurrir hechos tan graves y repudiables.

La Defensoría del Pueblo está consciente que la Comisión de la Verdad cumplió a cabalidad con las funciones que le fueron encomendadas; y, en respaldo de las víctimas y sus familiares también espera que se concreten todos los procesos de reparación, entre ellos el que la Fiscalía y el Poder Judicial no dejen en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos; pero entiende que este no debe ser un objetivo de una institución del Estado sino la consecuencia de encontrar a una sociedad fortalecida en el convencimiento de que la impunidad garantiza que los hechos vuelvan a repetirse y por lo tanto la única manera de que esto no ocurra es sancionando y reparando a los seres humanos que vivieron ese pasado de oprobio.

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