El Gobierno y los sistemas portadores del control social han convertido a la miseria carcelaria en un éxito de la reestructuración de la administración de justicia. Los laureles del hacinamiento se lo endilgan a la eficiencia de los probos jueces que, bajo cliché harto repetido de “ni impunidad ni olvido”, meten sin dilación en la cárcel a los pobres y los torpes que se dejan capturar. La ampliación y construcción de cárceles, no es para darles un trato más digno, más humano, más justo etc., el objetivo a corto plazo es llenar las cárceles con más pobres y torpes, que no tienen la misma suerte de quienes estamos a fuera y que somos más difíciles de ser seleccionados por el poder punitivo. Poco a poco se está perdiendo el horizonte de un proyecto político que abogue por las clases menos favorecidas. La aprobación del COIP como elemento normativo del sistema penal servirá como un instrumento político que, si bien no disminuirá ni sancionará los verdaderos conflictos, permitirá conservar el régimen político frente a los disidentes, mediante el aumento de la vigilancia sobre la población que está libre y que tiene la capacidad de protestar y movilizarse.