7 de May de 2013 00:04

Bolivia y el mar

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Hace pocos días se publicó un artículo del Sr. Jorge León T. titulado “Bolivia, el mar y Ecuador”, mismo que contiene apreciaciones que requieren ser precisadas.

Primero, no es efectivo que Bolivia carezca de una salida al mar como se afirma. La vigencia ininterrumpida del Tratado de Paz y Amistad de 1904, por medio del cual Chile se obliga a otorgar a Bolivia “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico” refuta tal aserto. El libre tránsito ha sido escrupulosamente respetado por mi país y ningún análisis serio puede desconocerlo, al punto que el 70% del comercio exterior boliviano se lo hace por puertos chilenos.

El 24 de Abril, Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, para solicitar que se falle y declare que mí país tiene la obligación de negociar un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida soberana al mar. Para el Gobierno de Chile la acción emprendida por Bolivia es carente de fundamentos de hecho y de derecho, y su presentación obedece a normas constitucionales internas de dicho país de 2009, que son inoponibles a Chile y contrarias al Derecho Internacional.

El articulista plantea que Chile defiende “una legalidad que no le da legitimidad ni razón para privar a los bolivianos de la indispensable salida al mar.” Esta afirmación es riesgosa porque su implementación en nuestro continente retrotraería las relaciones vecinales a situaciones caóticas. En dos palabras: Sudamérica quedaría sin fronteras.

Además, subyace a la afirmación efectuada un desprecio preocupante por algunas nociones básicas de ciertos principios que regulan la convivencia entre los países. Entre ellos el más importante es aquel que dice que lo pactado obliga.

Otro planteamiento del citado artículo, es la exhortación a que América Latina resuelva “estos diferendos con el esfuerzo de todos”. Así –se nos sugiere- todo el continente debe abocarse a renegociar las fronteras existentes entre nuestros países, pero –como dice Trujillo- usando otros parámetros respecto de los que se usaron otrora. Nuevamente el autor equivoca el criterio que informa su pensamiento, por cuanto las diferencias que puedan existir entre Chile y Bolivia, son una cuestión que compete exclusivamente a los dos países, sin que haya ningún espacio para que terceros o algún foro regional o mundial pueda cumplir un papel mediador. Es por ello que lo planteado en orden a que “Ecuador debe tomar iniciativa en instancias latinoamericanas para promover una salida honorable para Chile y Bolivia”, carece de todo fundamento jurídico y práctico.

Una reflexión final del articulista llama a ser comentada. Especialmente cuando el lector pertenece a audiencias fuera de mi país respecto de la situación que se genera con la demanda de Bolivia ante la CIJ. Me refiero a la idea de que “la causa boliviana” requiere de “un trabajo más sutil con la sociedad chilena”.

Otro error, porque la sociedad chilena ha apoyado de manera decidida y transversal, la forma en que sucesivos gobiernos democráticos -incluyendo uno largo autoritario- han abordado la aspiración marítima boliviana. Otra cosa es pretender que por graciosa concesión Chile se desprenda de parte de su territorio, cuestión muy hermanable y hasta emocionante, pero que ningún país del mundo ha hecho y que por supuesto Chile tampoco hará.

Juan Pablo Lira

Embajador de Chile

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