8 de marzo de 2017 00:00

A petición de la Directora de Comunicación Social de la Secretaría Técnica de Drogas

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María Cristina Zúñiga Romero,
Directora de Comunicación Social
de la Secretaría Técnica de Drogas

Que se realicen las rectificaciones correspondientes a la nota emitida el día 3 de marzo del 2017, con el titular: “Esconder a los adictos a la drogas”, conforme las siguientes aclaraciones, en mi calidad de máxima autoridad de la Secretaría Técnica de Drogas:

1.- “Nueve años después, ¿dónde están los centros de salud para tratamiento?, ¿dónde los especialistas?, ¿dónde la sustitución de opiáceos?, ¿dónde la provisión de medicinas?, ¿dónde la premisa de tratar al consumidor como paciente y no como delincuente? La propaganda no tapará la falta de una política de salud pública en materia de drogas”.

En ese sentido, debemos mencionar que mediante el trabajo coordinado del Comité Interinstitucional (compuesto por Ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, Interior, Deportes y Justicia), hemos atendido en 2016 a más de 39 000 personas, en los distintos niveles de rehabilitación. El país cuenta con 518 centros de tratamiento para personas con problemas de uso y consumo de drogas, distribuidos en 471 ambulatorios, 39 ambulatorios intensivos y 8 casa de acogida.

Por su parte, a través de jornadas de prevención, en instituciones educativas, de los servicios del Estado para la prevención y tratamiento de drogas, en el año 2016 se beneficiaron 90 000 estudiantes.

En cuanto a capacitación a trabajadores (padres de familia) sobre cómo identificar si una persona consume drogas, cómo prevenir el uso y consumo de drogas y qué hacer cuando se identifica consumo de drogas en el hogar, se han beneficiado más de un millón de personas.

1.- “El Régimen despenalizó el consumo, pero ese avance de derechos es letra muerta. Con la expansión del consumo y después de una sabatina, se elaboró una tabla para sancionar a los microtraficantes con dosis que no distan de las fijadas para el consumo legal (un adicto máximo puede portar 1 gramo de cocaína, pero desde septiembre del 2015 esa cantidad basta para que un microtraficante vaya de 1 a 3 años a la cárcel). Los jueces deciden quién es narco y quién no”.

Decir que el avance en derechos es letra muerta, en el Ecuador, es obviar aquellos garantizados desde la misma Constitución.

Precisamente, el texto de opinión cita el artículo 364 en el que se afirma que las adicciones son un problema de salud pública, de ahí que el Estado ecuatoriano ha trabajado para afianzarlo. Antes de la existencia de tablas de porte de drogas y de sanción al tráfico ilícito, existieron varios casos de vulneración de derechos, pues un sinnúmero de consumidores fueron llevados ante la ley y sancionados, sin nada más que droga como prueba en su contra.

Es efectivamente desde esa visión de respeto al derecho de todos que la propuesta de reforma al artículo 220 del Código Integral Penal busca que el consumo de drogas en espacios públicos sea regulado adecuadamente, de modo que no se vulnere los derechos de la ciudadanía que los visita como áreas de entretenimiento. Lo mismo que se hizo anteriormente con el alcohol y tabaco, logrando reducir incluso escenarios propicios para la consecución de delitos y violencia.  

Nota de la Redacción: La carta refiere a un pedido de rectificación, está figura no cabe a los artículos de opinión.

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