Los profesionales del Derecho pasamos por una época difícil, por cuanto no se nos permite ingresar a las oficinas públicas, especialmente a los juzgados, para poder ejercer nuestro legítimo derecho constitucional profesional, de hacer el seguimiento de las causas, para defender los intereses de nuestros clientes y conseguir que por Dios den trámite a las mismas.
¿Qué pasaría si a los cirujanos les prohíben entrar en la sala de operaciones y que tengan que operar a través de terceros o a un arquitecto o ingeniero, no se le permita ingresar a la obra que está construyendo?
Es impresionante la cantidad de empleados públicos que hay en los juzgados y las colas que debemos hacer los profesionales, por mañanas o tardes enteras, sin resultado alguno, porque no podemos gestionar directamente con el responsable de tal o cual proceso. Si antes había que hacer 30 viajes por un juicio, ahora ni con 50 se consigue el despacho.
A modo de ejemplo: tramito un juicio de inquilinato desde el 16 de enero del 2014. A los seis meses se dictó sentencia, pero luego cayó en desgracia, en la etapa de ejecución, y hasta la fecha no logro concluirlo, a pesar de que la demandada no intervino en lacausa.