16 de enero de 2017 00:10

A mayor transparencia, menos rumores y más honestidad

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Mario Andrade Trujillo

La transparencia es la obligación de los funcionarios públicos y privados de informar a sus mandantes, de manera oportuna, completa y ajustada a la verdad, sobre las operaciones técnicas, administrativas, económicas y financieras realizadas en razón de sus cargos. En el sector público, el mandante es la ciudadanía que con sus impuestos y contribuciones financia el presupuesto del Estado, que debe ser administrado con ética, eficiencia y eficacia, para proveer bienes y servicios fundamentales relativos a la salud, educación, justicia independiente, conectividad, seguridad, etc. En el sector privado, los mandantes son quienes invierten en emprendimientos que consideran de su interés al comparar riesgos con rentabilidad; por esta condición, piden a los directorios, gerentes y otros niveles de gobierno corporativo, que les rindan permanentemente cuentas de su gestión frente a los planes aprobados. En caso de no estar satisfechos con la rendición de cuentas, requieren aclaraciones específicas e inmediatas, para conocer con exactitud la situación de los negocios en los que arriesgaron sus capitales. De existir malos manejos, por negligencia o por deshonestidad, los mandantes –accionistas, propietarios- establecerán de manera inmediata las responsabilidades que corresponda por la pérdida de su patrimonio personal y familiar. En el sector público, los accionistas somos todos los ciudadanos, que de acuerdo a nuestras actividades, financiamos el presupuesto del Estado, para que mediante una adecuada gestión pública, sean provistos por los administradores públicos, bienes y servicios de calidad y con costos competitivos logrados con honestidad. La mala administración, por falta de capacidad o por deshonestidad que se identifica como corrupción, afecta a todos, principalmente a los más humildes que no pueden satisfacer sus necesidades fundamentales. Los efectos de la mala gestión pública, no se limitan a la pérdida de patrimonios personales o familiares como en el sector privado. Es más y dolorosamente impactante, ya que posterga la atención de las necesidades ciudadanas y el desarrollo del país. La opacidad o falta de transparencia en el Estado, además de incumplir con las obligaciones de los servidores públicos, promueve la corrupción en todos sus manifestaciones, dificulta el control social, tapa ineficiencias, genera información distorsionada o acomodada para engañar a todos, entorpece la evaluación por parte delos organismos de control, de los medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales. La sistemática falta de información o la publicidad de información distorsionada, que carece de oportunidad y credibilidad, promueven gobiernos y funcionarios que viven de y para la corrupción, disfrazan la rendición de cuentas por rendición de cuentos bien adornados por expertos en comunicación, para generar toda clase de confusiones y especulaciones. Los candidatos actuales y futuros a la presidencia de la República y a otras dignidades públicas, deben comprometerse a instalar en el país la transparencia en la información pública, porque es un derecho que tenemos los ciudadanos de conocer oportunamente y ajustada a la verdad, todas las operaciones técnicas, administrativas, económicas y financieras del Estado. Por su parte, la ciudadanía debe organizarse para exigir que la información de la gestión pública y la rendición de cuentas, sean sistemáticas y de fácil acceso. El análisis en línea de esa información, es parte de las obligaciones de las entidades públicas de control y de la misma ciudadanía, entre las que debe destacarse la academia, con amplia participación de autoridades, profesores y estudiantes, para generar una doble reacción: motivar que los estudiantes se interesen más por la gestión pública, y crear metodologías con uso de la tecnología para que la juventud investigue de manera objetiva y sustentada, el uso de los recursos que les pertenece. Como resultado del análisis y evaluación de la información pública y de la verdadera rendición de cuentas, la ciudadanía estará en condiciones de proponer mejoras a la gestión pública o de solicitar y dar seguimiento a la aplicación de sanciones para quienes no cumplen con sus responsabilidades políticas y administrativas, manteniendo la premisa de que a mayor grado de autoridad, mayor será el grado de responsabilidad. La transparencia disminuye los rumores y aumenta la honestad.

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