Ante la promesa de la alta cirugía a la corrupción ofrecida por el presidente Moreno, luego de tres años de ejercicio del poder, vemos que el bisturí utilizado ha sido mocho, sin filo alguno, porque los corruptos o están prófugos o son parte del mismo aparato estatal que nos gobierna y por eso no se ha logrado descubrir y procesar a todos los que perjudicaron al país durante el período de bonanza que lo dirigió Correa, quien amarró tan bien las leyes para encubrir a los corruptos. Los fiscales anteriores viajaron al Brasil para obtener la lista de los sobornados por la Odebrecht, que jamás la revelaron; debieron haber sido juzgados por cómplices y nada se ha hecho. En los actos de corrupción por la contratación pública durante la última década, tampoco; no existe ningún sentenciado o procesado por peculado, sino por delitos que tienen menor tiempo de condena, no obstante que en la sentencia de Glas se ordenó a la Fiscalía la investigación de otros delitos afines como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, etc., etc., pero la Fiscalía, bien gracias, mutis por el foro. La alta cirugía de Moreno hubiera funcionado si desde junio del 2017, hubiere incluido una reforma en el Código Integral Penal, con una disposición que faculte sin temores de represalias del Estado, la acción pública y denuncias de los contratistas contra los funcionarios que les hayan exigido premios, porcentajes y valores que no significan “arreglo entre privados”, según el léxico de Correa. Si verdaderamente desea el Presidente que le funcione el bisturí, todavía está a tiempo para las reformas para los delitos anteriores.